La reciente Ley de Inocencia Fiscal, promulgada a principios de 2026, ha generado una profunda preocupación en el ámbito empresarial y entre los contribuyentes de todo el país. La normativa establece un incremento sustancial en el valor de las multas por incumplimientos tributarios.
En algunos casos puntuales, estas subas pueden superar en 1.100 veces los valores originales, redefiniendo por completo el mapa de riesgos fiscales. Expertos consultados por Capital Sur coinciden en que este salto punitorio sin precedentes podría derivar en un significativo aumento de la litigiosidad contra ARCA, el organismo encargado de la aplicación de estos procedimientos tributarios.
Nuevas Multas: un salto exponencial que redefine el riesgo fiscal
Un cuadro comparativo, elaborado por el área tributaria del estudio Nicholson y Cano, ilustra la magnitud de estas nuevas sanciones. Ante este escenario, especialistas analizaron los valores, aportaron su visión y propusieron alternativas para que los contribuyentes eviten cargas tributarias extra.
Uno de los puntos clave destacados es la previsión de un incremento en los reclamos, tanto administrativos como judiciales, frente a la imposición de estas multas. La desproporción de los montos es un factor central en esta proyección.
La “falta de razonabilidad”: el argumento central de los especialistas
La Ley 11.683, que rige los Procedimientos Tributarios, es el marco legal de estos cambios. Al respecto, Lisandro Yolis, gerente de Tax & Legal de KPMG Argentina, si bien reconoce que los montos anteriores habían quedado desactualizados por la inflación –perdiendo su carácter disuasorio o sancionatorio–, enfatizó que “el salto nominal es de una magnitud que redefine por completo el mapa de riesgos fiscales“.
Yolis subraya que la razonabilidad no debe medirse en abstracto o solo por la magnitud de la actualización, sino que debe medirse en su aplicación al caso concreto, considerando la proporcionalidad de la multa con relación al incumplimiento, la gravedad de la falta y la realidad económica de cada contribuyente.
En la misma línea, Teresa Gómez, socia de Teresa Gómez, Carlos Quian & Asociados, sostuvo que la “razonabilidad constituye un criterio jurídico esencial para la interpretación de las normas, en tanto procura que en su aplicación ‘no ofenda la razón'”.
Gómez ejemplificó con las multas por incumplimientos en declaraciones juradas de precios de transferencia, donde los valores originales de entre $80.000 y $200.000 se elevaron abruptamente, evidenciando la falta de proporcionalidad. La consultora advierte que esta situación podría obligar a muchas empresas a recurrir a la justicia para defenderse de sanciones que consideran excesivas y desproporcionadas.