Un contundente fallo de la Justicia civil de Rawson ha establecido un precedente clave en la responsabilidad de las entidades bancarias frente a los fraudes electrónicos. La sentencia ordena al Banco del Chubut indemnizar a un matrimonio de jubilados que fueron víctimas de una estafa virtual a través de su homebanking, destacando el incumplimiento del deber de seguridad y un trato “indigno” post-suceso.
La Estafa: Pérdida Rápida y Desprotección Digital
El incidente se remonta al 2 de agosto de 2022, cuando dos clientes de larga data, un matrimonio de adultos mayores (médico y docente jubilados), descubrieron con consternación que sus cajas de ahorro habían sido vaciadas parcialmente. En cuestión de minutos, mediante diez transferencias sucesivas no autorizadas, desaparecieron más de $440 mil de sus cuentas. La denuncia fue inmediata, pero la respuesta del banco fue insuficiente, dejando a los damnificados en una profunda situación de desamparo.
El Calvario Post-Estafa: Daño Económico y Emocional
Además del perjuicio económico directo, el matrimonio sufrió graves consecuencias emocionales y psicológicas. Según el expediente judicial, el banco no solo no brindó una solución eficaz, sino que también trató a las víctimas como si fueran responsables del fraude, exacerbando su angustia. Las pericias psicológicas incorporadas a la causa revelaron un deterioro significativo en su calidad de vida:
- La mujer experimentó cuadros de angustia persistente y llanto recurrente.
- El hombre sufrió un deterioro en su salud física, con insomnio y una marcada sensación de humillación.
- Ambos desarrollaron un estado de hipervigilancia constante, temiendo futuros ataques a sus finanzas.
Sentencia Ejemplar: Responsabilidad Bancaria y Daño Punitivo
Ante la inacción administrativa del banco y la falta de pruebas sobre la seguridad de su plataforma digital, los damnificados iniciaron acciones legales en 2023. La sentencia de primera instancia, dictada en noviembre de 2025, fue categórica:
La Justicia determinó que el Banco del Chubut incumplió su fundamental deber de seguridad como proveedor de servicios financieros, además de violar las normas de Defensa del Consumidor. El fallo, que aún puede ser apelado, incluye:
- La restitución íntegra del dinero sustraído, con sus respectivos intereses.
- El pago de una indemnización por daño moral y psicológico a las víctimas.
- La aplicación de una multa por daño punitivo, una figura que busca sancionar conductas graves y disuadir futuras faltas por parte de las entidades.
Este veredicto envía una señal clara sobre la necesidad de extremar las medidas de ciberseguridad en el sistema financiero y la obligación de las instituciones de proteger a sus clientes, especialmente a los más vulnerables, frente a la creciente amenaza de los delitos virtuales.