El Gobierno nacional ha elevado un pedido formal a la jueza Loretta Preska en Nueva York, solicitando la suspensión del proceso de ‘discovery’ y del pedido de desacato presentado por los demandantes en el complejo litigio vinculado a la expropiación de YPF. Fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) confirmaron la medida, que busca frenar lo que describen como un “hostigamiento sistemático” contra el Estado argentino.
El documento presentado ante el Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York, al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, enfatiza que esta estrategia legal “afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales” de un “Estado soberano y aliado de los Estados Unidos”. La PTN argumenta que los pedidos de ‘discovery’, que permiten a los beneficiarios del fallo rastrear activos embargables, se han vuelto “intrusivos y desproporcionados”.
Desde la asunción del actual gobierno en diciembre de 2023, Argentina ha cumplido “plenamente” con el proceso de ‘discovery’ ordenado por el tribunal, según destacaron desde la Procuración. Se ha realizado un “esfuerzo extraordinario” para entregar un “volumen de producción sin precedentes” de información relevante, marcando una diferencia con gestiones anteriores donde el país fue declarado en desacato en tres ocasiones.
Sin embargo, la PTN advierte que, a pesar de este cumplimiento, los demandantes, en particular Burford Capital, “escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”. En las últimas semanas, Burford intensificó la presión con una “injustificada moción de desacato” y la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Al respecto, la Procuración del Tesoro aclaró que las reservas de oro son “propiedad del Banco Central” y, por lo tanto, “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución”. Esto significa que constituyen “activos no ejecutables”, haciendo que cualquier requerimiento de información sobre ellos sea “manifiestamente improcedente”.
En esta línea, la PTN afirmó que el proceso de ‘discovery’ “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”. Se señaló que los demandantes manifestaron de forma explícita su objetivo de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de Argentina, una conducta calificada como “inaceptable jurídica y moralmente”. La República Argentina ratifica su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales, pero busca proteger su soberanía y evitar que el litigio se convierta en una herramienta de presión desmedida.