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Un megaoperativo judicial se desplegó en El Turbio, Chubut, investigando nueve incendios intencionales en una zona de alto valor ambiental. La fiscalía, liderada por Carlos Díaz Mayer, halló evidencia contundente, incluyendo armas y posibles elementos incendiarios, tras descartar causas naturales y seguir rastros de personas a caballo.

El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares, limitando la protección a aquellos con función hídrica y otorgando mayor poder a las provincias. La iniciativa busca eliminar la “inseguridad jurídica” para destrabar inversiones mineras y productivas, contando con el respaldo de la CAEM, pero abriendo un intenso debate sobre su impacto ambiental y económico en la Patagonia.

El Grupo de Empresas Exploradoras (GEMERA) apoya una reforma a la Ley de Glaciares que busca brindar certeza jurídica a la inversión minera en Argentina, especialmente en la Patagonia, sin relajar los estándares de protección ambiental. La iniciativa propone criterios técnicos claros para diferenciar la protección hídrica y evitar la judicialización de proyectos, crucial para destrabar inversiones en provincias cordilleranas.

Un nuevo proyecto de reforma de la **Ley de Glaciares** busca revitalizar el debate energético y ambiental, priorizando el **federalismo** y la **seguridad jurídica**. La iniciativa otorga mayor protagonismo a las **provincias patagónicas** en la identificación de glaciares, con el objetivo de impulsar **inversiones mineras estratégicas** como las de **litio** y **cobre**, sin comprometer los estándares de protección ambiental. Se busca pasar de un marco rígido y lleno de incertidumbres a uno más flexible, preciso y dinámico.

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) defendió la Ley de Glaciares, asegurando que las aclaraciones técnicas impulsadas por el Poder Ejecutivo no implican un retroceso ambiental. La entidad destacó la protección hídrica vigente, el bajo consumo de agua de la minería (aproximadamente 1% del uso industrial), y su alto nivel de reutilización (70-90%), operando bajo un estricto marco regulatorio y auditorías que incluyen la participación comunitaria.

El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) apoya la reforma de la Ley de Glaciares, argumentando que busca mayor certidumbre jurídica y un federalismo ambiental más efectivo. La iniciativa es crucial para atraer inversiones a largo plazo en la minería patagónica y fortalecer la protección ambiental mediante reglas claras, sin debilitar el dominio provincial sobre los recursos naturales. El debate se enfoca en superar las ambigüedades actuales para un desarrollo sostenible.