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Argentina, impulsada por el boom energético y minero, proyecta un superávit de US$ 45.000 millones para 2030. Este flujo de divisas, con la Patagonia como epicentro productivo, presenta una oportunidad histórica pero también el riesgo de una ‘enfermedad holandesa’ que podría erosionar la competitividad industrial si no se gestiona con un nuevo pacto fiscal y reformas estructurales, esenciales para asegurar la sustentabilidad económica regional y nacional.

La administración Trump impulsa una política de dólar débil para reindustrializar EE. UU. y reducir el déficit comercial, generando debate global y volatilidad en los mercados. Esta estrategia, que incluiría una baja de tasas de la Reserva Federal, impacta en las cotizaciones internacionales y en el mercado argentino, donde el dólar mayorista y financiero se mantienen estables, mientras la tensión con Irán provoca un alza del petróleo.

El Gobierno argentino solicitó a la jueza Loretta Preska suspender el proceso de ‘discovery’ y el pedido de desacato en el litigio de YPF. La Procuración del Tesoro argumenta que los pedidos de los demandantes, que incluyen información sobre las reservas de oro del Banco Central, constituyen un “hostigamiento sistemático” que afecta la soberanía nacional y busca “entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”, calificando la conducta como “jurídica y moralmente inaceptable”.

Argentina busca frenar la ofensiva legal de Burford Capital en Nueva York, que presiona por una declaración de desacato ante el incumplimiento del pago por la expropiación de YPF. Esta disputa judicial por US$ 16.100 millones amenaza el regreso del país a los mercados internacionales de deuda, reviviendo el fantasma del ‘default selectivo’ de 2014.