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El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares, limitando la protección a aquellos con función hídrica y otorgando mayor poder a las provincias. La iniciativa busca eliminar la “inseguridad jurídica” para destrabar inversiones mineras y productivas, contando con el respaldo de la CAEM, pero abriendo un intenso debate sobre su impacto ambiental y económico en la Patagonia.

El Senado avaló un dictamen para reformar la Ley de Glaciares (26.639), impulsada por el Ejecutivo para reinterpretar su alcance y compatibilidad con el Artículo 41 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el tratamiento definitivo fue postergado hasta el 10 de febrero. Este debate, crucial para el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo de la **actividad minera**, impactará directamente en el futuro de proyectos extractivos en la **Patagonia**, especialmente en provincias como **Santa Cruz**, un actor clave en la minería nacional.

El Senado de la Nación debatirá esta semana la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto clave para el futuro de la minería en Argentina. La propuesta, que busca redefinir el ambiente periglacial y otorgar mayor autonomía a las provincias, es respaldada por el gobierno nacional y gobernadores mineros. Sin embargo, enfrenta un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas como Greenpeace y sectores científicos, que alertan sobre un posible retroceso en la protección de reservas hídricas. El debate, previsto para el 10 u 11 de febrero de 2026, augura una sesión de alta tensión política y ambiental.

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) defendió la Ley de Glaciares, asegurando que las aclaraciones técnicas impulsadas por el Poder Ejecutivo no implican un retroceso ambiental. La entidad destacó la protección hídrica vigente, el bajo consumo de agua de la minería (aproximadamente 1% del uso industrial), y su alto nivel de reutilización (70-90%), operando bajo un estricto marco regulatorio y auditorías que incluyen la participación comunitaria.