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El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares, limitando la protección a aquellos con función hídrica y otorgando mayor poder a las provincias. La iniciativa busca eliminar la “inseguridad jurídica” para destrabar inversiones mineras y productivas, contando con el respaldo de la CAEM, pero abriendo un intenso debate sobre su impacto ambiental y económico en la Patagonia.

El Senado de la Nación debatirá esta semana la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto clave para el futuro de la minería en Argentina. La propuesta, que busca redefinir el ambiente periglacial y otorgar mayor autonomía a las provincias, es respaldada por el gobierno nacional y gobernadores mineros. Sin embargo, enfrenta un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas como Greenpeace y sectores científicos, que alertan sobre un posible retroceso en la protección de reservas hídricas. El debate, previsto para el 10 u 11 de febrero de 2026, augura una sesión de alta tensión política y ambiental.