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El presidente Javier Milei intensificó su enfrentamiento con el periodismo crítico al acusar a Luis Novaresio de ‘mercenario’ y ‘ensobrado’, vinculando sus críticas a intereses ocultos. Este ataque se enmarca en la ‘batalla cultural’ del gobierno y se produce en un contexto donde el propio Milei alude al conflicto entre Techint y el Gobierno por el gasoducto, sugiriendo un trasfondo de intereses económicos y energéticos. La situación genera preocupación por la libertad de expresión, mientras en Comodoro Rivadavia, Chubut, se registran cambios en la gestión territorial.

ADEPA manifestó su profunda inquietud por la creación de una Oficina de Respuesta Oficial con la función de “desmentir” informaciones, advirtiendo sobre el riesgo de un mecanismo de vigilancia y disciplinamiento del periodismo. Esta iniciativa estatal podría afectar la capacidad de los medios para fiscalizar y reportar críticamente sobre sectores estratégicos como la minería y el petróleo en la Patagonia, fundamentales para la transparencia democrática.