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El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares, limitando la protección a aquellos con función hídrica y otorgando mayor poder a las provincias. La iniciativa busca eliminar la “inseguridad jurídica” para destrabar inversiones mineras y productivas, contando con el respaldo de la CAEM, pero abriendo un intenso debate sobre su impacto ambiental y económico en la Patagonia.

El Grupo de Empresas Exploradoras (GEMERA) apoya una reforma a la Ley de Glaciares que busca brindar certeza jurídica a la inversión minera en Argentina, especialmente en la Patagonia, sin relajar los estándares de protección ambiental. La iniciativa propone criterios técnicos claros para diferenciar la protección hídrica y evitar la judicialización de proyectos, crucial para destrabar inversiones en provincias cordilleranas.

El nuevo esquema cambiario con dólar flotante y sin cepo para personas físicas marca un hito en la economía argentina. Las cotizaciones del dólar de hoy, que incluyen el oficial a $1.465 y el CCL a $1.501, generan un impacto directo en la Patagonia. La estabilidad del tipo de cambio es crucial para las inversiones en minería y energía, sectores clave en la región que requieren previsibilidad para el desarrollo de proyectos y la competitividad exportadora, en un contexto de alertas económicas sobre inflación y posible atraso cambiario.

El Senado avaló un dictamen para reformar la Ley de Glaciares (26.639), impulsada por el Ejecutivo para reinterpretar su alcance y compatibilidad con el Artículo 41 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el tratamiento definitivo fue postergado hasta el 10 de febrero. Este debate, crucial para el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo de la **actividad minera**, impactará directamente en el futuro de proyectos extractivos en la **Patagonia**, especialmente en provincias como **Santa Cruz**, un actor clave en la minería nacional.

La minería argentina alcanzó un récord histórico de US$ 5.406 millones en exportaciones entre enero y noviembre de 2025, superando en 16% lo exportado en todo 2024. Impulsado por el oro y el litio, este desempeño marca un hito para la economía nacional y promete un significativo salto de escala para la Patagonia, con Santa Cruz como provincia clave en la producción de minerales.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha catalizado inversiones mineras por U$S 20.000 millones en Argentina, con 13 proyectos ya presentados y otros seis en camino. Litio y cobre lideran estos desarrollos, clave para la transición energética global. Proyectos como Los Azules y Salar del Rincón ya están aprobados, mientras otros como Josemaría y Agua Rica avanzan. Aunque los proyectos específicos se ubican fuera de Patagonia, la política nacional del RIGI es estratégica para el crecimiento minero del país y su potencial impacto en regiones con vocación minera como Santa Cruz, proyectando a Argentina como un actor fundamental en el mercado de minerales críticos.

Dos nuevas estafas virtuales en la zona norte de Santa Cruz generaron alarma. Una jubilada de Pico Truncado perdió casi $1.000.000 tras caer en una falsa publicidad de Tarjeta Naranja en Facebook. En Caleta Olivia, un joven fue estafado por $550.000 en una venta online con transferencias fraudulentas. La Policía de Santa Cruz investiga los hechos y recomienda extremar precauciones ante la creciente ciberdelincuencia.

Glencore y Rio Tinto reactivan negociaciones para una fusión que, de concretarse, crearía el mayor productor mundial de cobre, con más de 1.6 millones de toneladas anuales. Este acuerdo busca consolidar el sector ante la fuerte demanda global del metal estratégico y la escasez de nuevos proyectos, mejorando el acceso a financiamiento y capacidad de inversión, lo que podría sentar un precedente para futuros flujos de capital hacia regiones mineras como la Patagonia.