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La polémica por la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), exacerbada por la salida de Marco Lavagna del INDEC, revela que la metodología actual, basada en datos de 2004, no refleja el gasto real de los hogares. En la Patagonia, esta distorsión es aún más pronunciada, ya que los alimentos, bebidas y servicios esenciales tienen un peso mayor en el presupuesto familiar y están subrepresentados en la medición oficial, lo que resulta en una subestimación de la inflación que realmente enfrentan sus habitantes.

El economista Martín Rozada denuncia una “interferencia política” en el INDEC que impidió la publicación del IPC con la nueva canasta 2017-2018. Según sus cálculos, esta metodología revelaría una inflación de enero similar a diciembre, pero una pobreza hasta seis puntos más alta que las cifras oficiales. La decisión gubernamental, aparentemente para evitar índices más elevados por el aumento de servicios, ha sido calificada como “un día negro para las estadísticas públicas”, generando preocupación sobre la transparencia de los datos económicos nacionales.