La República Argentina enfrenta lo que un destacado economista ha calificado como “un día negro para las estadísticas públicas del país”. Martín Rozada, economista de la Universidad Di Tella y una de las voces más autorizadas en la medición de la inflación y la pobreza, ha denunciado una presunta interferencia política que impidió la publicación, según el calendario previsto del INDEC, del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la nueva canasta de bienes y servicios correspondiente al período 2017-2018.
“Mi interpretación es que fue una interferencia política para impedir que se publique, como estaba en el calendario de publicaciones del Indec, el índice de precios al consumidor con la nueva canasta del 2017-2018”, afirmó Rozada. El especialista enfatizó que esto no implica una intervención en el instituto en sí, sino una manipulación específica sobre la difusión de un dato crucial, en un contexto donde el organismo continúa publicando sus estadísticas con metodologías aprobadas internacionalmente.
La controversia radica en que la canasta actualizada (2017-2018) presenta diferencias fundamentales con respecto a la del 2004 o la metodología de 2016. Principalmente, los ponderadores de la nueva encuesta reflejan de manera distinta el gasto de consumo de los hogares, otorgando un peso mayor a los servicios. Este cambio es clave, ya que se espera que durante este año rubros como servicios públicos, medicina prepaga, telefonía celular, expensas y alquileres registren aumentos por encima de la inflación promedio, lo que naturalmente impulsaría el índice hacia arriba.
Según los cálculos de Rozada, el IPC de enero, si se hubiera publicado con la nueva medición, habría oscilado entre el 2,6% y el 2,8%. Esta cifra se alinea con el dato de diciembre y con las declaraciones del ministro Luis Caputo, quien había desmentido que la inflación de enero fuera a superar el 3% con la nueva metodología. Pese a esto, la decisión de no publicar el dato con la metodología más reciente genera sospechas sobre la transparencia de la información económica oficial.
El economista minimiza el impacto de las tarifas sobre el IPC con la nueva metodología, estimando un aporte de solo medio punto. Sin embargo, donde el impacto es significativo y se convierte en el epicentro de la preocupación, es en las cifras de pobreza. La estimación de Rozada es contundente: la pobreza, medida con la canasta de bienes y servicios actualizada que el Gobierno se negó a publicar, sería al menos seis puntos porcentuales más alta que la que mide actualmente el INDEC con la metodología anterior.
Esta distorsión de los datos no solo arroja una sombra sobre la credibilidad de las estadísticas nacionales, sino que también tiene implicancias directas en la formulación de políticas públicas y en la comprensión de la realidad socioeconómica del país. Para regiones como la Patagonia, donde el costo de vida es históricamente elevado y los servicios básicos impactan fuertemente el presupuesto familiar, contar con información precisa sobre inflación y pobreza es esencial para evaluar el verdadero alcance de las medidas económicas y el bienestar de sus habitantes.