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La minería argentina alcanzó un récord histórico de US$ 5.406 millones en exportaciones entre enero y noviembre de 2025, superando en 16% lo exportado en todo 2024. Impulsado por el oro y el litio, este desempeño marca un hito para la economía nacional y promete un significativo salto de escala para la Patagonia, con Santa Cruz como provincia clave en la producción de minerales.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha catalizado inversiones mineras por U$S 20.000 millones en Argentina, con 13 proyectos ya presentados y otros seis en camino. Litio y cobre lideran estos desarrollos, clave para la transición energética global. Proyectos como Los Azules y Salar del Rincón ya están aprobados, mientras otros como Josemaría y Agua Rica avanzan. Aunque los proyectos específicos se ubican fuera de Patagonia, la política nacional del RIGI es estratégica para el crecimiento minero del país y su potencial impacto en regiones con vocación minera como Santa Cruz, proyectando a Argentina como un actor fundamental en el mercado de minerales críticos.

El Gobierno Nacional activó el RIGI para el proyecto minero “Carbonatos Profundos” de Mina Gualcamayo en San Juan, impulsando una inversión de U$S 519 millones para la extracción de oro y plata. El proyecto, de Minas Argentinas S.A., destaca por un rápido cronograma de inversiones inicial y un fuerte compromiso con la cadena de proveedores nacionales (69% del gasto), superando ampliamente los requisitos del régimen y prometiendo un impacto significativo en empleo y generación de divisas.

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) defendió la Ley de Glaciares, asegurando que las aclaraciones técnicas impulsadas por el Poder Ejecutivo no implican un retroceso ambiental. La entidad destacó la protección hídrica vigente, el bajo consumo de agua de la minería (aproximadamente 1% del uso industrial), y su alto nivel de reutilización (70-90%), operando bajo un estricto marco regulatorio y auditorías que incluyen la participación comunitaria.

El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) ha respaldado la reforma de la Ley de Glaciares, considerándola esencial para corregir imprecisiones legales que afectan la inversión minera en provincias cordilleranas. La entidad argumenta que la modificación dotará de mayor precisión jurídica, fortalecerá el federalismo ambiental al clarificar la potestad provincial sobre los recursos naturales y permitirá una protección ambiental más efectiva basada en criterios científicos, generando certidumbre para el desarrollo socioeconómico de la Patagonia.

El nuevo régimen cambiario argentino, implementado en enero de 2026, muestra un dólar oficial flotante ajustado por IPC y elimina el cepo para personas físicas. Este lunes 2 de febrero, el dólar oficial cotizó a $1.465, el blue a $1.470, el MEP a $1.464 y el CCL a $1.491. Esta relativa estabilidad cambiaria es crucial para los sectores de minería y energía en la Patagonia, impactando directamente la inversión, costos operativos y la planificación de proyectos en la región.

Pedro Lines asume la dirección del INDEC, prometiendo continuidad técnica y generando expectativas sobre la credibilidad de las estadísticas económicas. Su perfil, avalado por Luis Caputo, contrasta con su pasado en la “era Moreno”, mientras el organismo enfrenta el desafío de garantizar datos fiables, esenciales para la planificación económica y las inversiones en sectores clave de la Patagonia, como la minería y energía, y crucial para los mercados financieros.

La cúpula de YPF experimenta una profunda reestructuración con la incorporación de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete, como Director Titular en representación del Estado. Junto a él, Guillermo Francos y Martín Maquieyra se suman al Directorio, marcando una clara estrategia del gobierno para fortalecer su control y dirección sobre la principal petrolera del país, con implicaciones directas para la política energética y financiera de la Patagonia.

La Secretaría de Ambiente de Río Negro fiscaliza el avance del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada, donde se construyen seis tanques de almacenamiento de crudo. Las inspecciones verifican el cumplimiento ambiental, destacando el progreso en el montaje de techos y la implementación de sistemas de control de emisiones. El control estatal busca garantizar un desarrollo energético seguro y sustentable en la Patagonia.

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el conflicto con Techint por la licitación de Vaca Muerta, atribuyéndolo a un cambio de “modelo anterior”. Destacó la reducción de costos en la provisión de caños para el gasoducto y el financiamiento privado, además de aclarar la operación con el FMI y defender el rumbo económico del gobierno.