En un movimiento estratégico para desregular y potenciar su mercado energético, el Gobierno argentino busca impulsar el Gas Licuado de Petróleo (GLP) automotor. La iniciativa incluye una ley de estabilidad fiscal y la modernización de los subsidios para garrafas, beneficiando a unos 4 millones de usuarios.
Estrategia Dual: GLP Automotor y Asistencia Social
La Secretaría de Energía, bajo la dirección de María Tettamanti, presentó estas medidas en la apertura del 39° Congreso Iberoamericano de Gas Licuado de Petróleo en Buenos Aires. El plan contempla dos ejes principales:
- Fomentar el uso del GLP en el autotransporte, capitalizando el excedente de producción de Vaca Muerta para reducir la importación de gasoil.
- Agilizar el esquema de asistencia social del Programa Hogar, mediante reintegros inmediatos en billeteras virtuales para los beneficiarios de garrafas.
Vaca Muerta: Motor de un Salto Productivo y Exportador
Las proyecciones de la Secretaría de Energía son ambiciosas: se espera un fuerte salto productivo gracias a los recursos de Vaca Muerta, con el objetivo de triplicar los excedentes exportables. En 2025, Argentina despachó 1,6 millones de toneladas de GLP, un volumen que ya duplica el consumo doméstico.
Este incremento de la producción patagónica posiciona al país como un exportador clave en un escenario global de alta volatilidad. Las tensiones geopolíticas han disparado los precios del GLP a nivel mundial, con incrementos de entre 30% y 100% en diversos mercados, y el barril de petróleo ha superado los u$s100.
Consolidación como Exportador Estratégico
Argentina busca capitalizar este potencial exportador con inversiones cruciales:
- Ampliación de la planta de TGS para alcanzar 2,7 millones de toneladas de líquidos anuales.
- Crecimiento de Mega hasta las 840.000 toneladas anuales.
Estas inversiones consolidarán una oferta exportable total de 3,5 millones de toneladas, más del doble del volumen actual. La secretaria Tettamanti enfatizó la importancia de aprovechar al máximo los recursos naturales bajo un marco de libertad económica, donde el Estado configure una estabilidad institucional, regulatoria y macroeconómica que genere confianza en el sector privado.