Una importante tensión se vive en la región de La Rioja, donde un corte de ruta al acceso de la mina Vicuña, operada por una empresa sanjuanina, ha paralizado las operaciones. Aproximadamente 40 personas, lideradas por el municipio de General Madariaga, exigen el cumplimiento de promesas de trabajo y la priorización de mano de obra local. La situación, que escaló el miércoles pasado, derivará en una reunión crucial este lunes 27 de marzo de 2026 en La Rioja, en la que se buscará un acuerdo que destrabe el conflicto y marque un precedente para la industria minera nacional, con implicancias potenciales para el desarrollo de proyectos en la Patagonia.
El Nudo del Conflicto: Promesas Incumplidas y Demandas Concretas
Los manifestantes, encabezados por el intendente Luis Orqueda, denuncian que la minera Vicuña ha incumplido compromisos de contratación y capacitación asumidos en los últimos dos años. “Queremos que Vicuña cumpla con la ley”, afirmó Orqueda, “de la misma manera que hoy lo están haciendo todas las empresas mineras que exploran en nuestro territorio”.
Las demandas específicas de la comunidad y las autoridades riojanas se centran en tres puntos clave:
- Un compromiso escrito para la incorporación de más trabajadores riojanos a la planta de Vicuña.
- La obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el tránsito seguro por la zona afectada.
- El avance inmediato en la construcción de un by-pass que permita sortear con seguridad la ciudad de Guandacol.
La insistencia en un compromiso formal subraya la desconfianza generada por experiencias previas, buscando garantías tangibles frente a promesas verbales.
Expectativas para la Reunión Clave del Lunes
Desde el ministerio de minería de San Juan, provincia donde Vicuña tiene su base principal, se espera la participación de altos directivos de la compañía en el encuentro del lunes. Se anticipa la presencia de la directora ejecutiva, Norma Ramiro, o incluso del propio CEO de Vicuña, José Morea.
Las negociaciones previas entre las autoridades de La Rioja y la empresa han sido inconsistentes, alternando periodos de diálogo constructivo con momentos de tensión, especialmente en lo que respecta a permisos y la contratación de personal y proveedores locales. La resolución de este conflicto es de vital importancia no solo para las provincias involucradas sino para el clima de inversión minera en todo el país, incluido el desarrollo de proyectos en Santa Cruz y otras provincias patagónicas, que a menudo enfrentan demandas similares por parte de las comunidades locales.