El gobierno de Río Negro, liderado por Alberto Weretilneck, ha reactivado el debate para reformar el esquema de coparticipación y regalías petroleras que se distribuyen a los municipios. Esta reestructuración se da en un contexto clave de transición energética, donde la provincia se posiciona como la principal puerta de salida del gas y el petróleo de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.
El objetivo del Ejecutivo provincial es presentar el proyecto de ley ante la Legislatura en el mes de agosto, buscando corregir las asimetrías de un sistema que no se actualiza integralmente desde hace décadas.
El desafío político: Evitar municipios perdedores
El principal obstáculo de la reforma radica en el impacto financiero directo sobre las comunas. Si se aplicaran estrictamente los datos del Censo 2022, el nuevo esquema generaría una fuerte polarización de recursos:
- 13 localidades resultarían beneficiadas por su crecimiento demográfico.
- 24 municipios sufrirían una pérdida de recursos, afectando incluso a distritos gobernados por aliados políticos del oficialismo.
Ante este escenario, el ministro de Gobierno, Agustín Ríos, confirmó que los equipos técnicos buscan un mecanismo de compensación para asegurar que las comunas postergadas mejoren sus ingresos sin desfinanciar a las restantes.
La pulseada por las regalías hidrocarburíferas
La reforma también pretende incorporar a nuevas ciudades al estatus de productoras de hidrocarburos debido a la expansión de la actividad. Esto genera resistencia en localidades históricamente petroleras como Catriel, que temen una licuación de sus ingresos específicos por regalías.
Actualmente, el régimen de coparticipación se rige por la Ley 1946 (sancionada en 1984), cuya masa coparticipable se compone de:
- El 26,5% de la recaudación provincial de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patentes.
- El 10% de los fondos que ingresan por coparticipación federal de impuestos.
- El 10% de las regalías percibidas por la provincia.
El desfasaje es crítico: el 40% del reparto actual todavía se calcula con datos poblacionales del censo de 1991, lo que perjudica de manera directa a urbes de rápido crecimiento como Cipolletti y San Carlos de Bariloche.