El Gobierno nacional puso en marcha la licitación para el proyecto AMBA I, una obra clave de infraestructura valorada en US$ 800 millones que busca solucionar el cuello de botella más crítico del sistema de transmisión eléctrica en alta tensión. Este proyecto representa la primera prueba de fuego para un esquema regulatorio inédito diseñado para atraer capitales privados al sector eléctrico bajo el paraguas del RIGI.
La falta de capacidad de transporte en líneas de 500 kV y 132 kV ha limitado severamente la incorporación de nueva potencia de generación, afectando directamente los despachos desde regiones clave como la Patagonia hacia el centro del país. Ante la saturación del SADI (Sistema Argentino de Interconexión), la concreción de AMBA I resulta vital para reactivar los proyectos de generación suspendidos por falta de red.
La arquitectura financiera del proyecto
Para superar el histórico fracaso de la inversión privada en redes de alta tensión desde la caída de la Convertibilidad, el nuevo modelo propone un blindaje contractual robusto:
- Contratos dolarizados: Garantía de previsibilidad para los inversores frente a las fluctuaciones cambiarias.
- Respaldo del BID: Incorporación de garantías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mitigar riesgos soberanos.
- Remuneración gradual: Esquema de cobro estructurado a medida que se registren avances físicos en la obra.
- Incentivos del RIGI: Posibilidad de acogerse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para optimizar la carga impositiva.
Impacto en la generación y el despacho regional
Ante las dificultades para incorporar nuevos proyectos de generación por las restricciones que existen en la red de transporte, la administración de Javier Milei había tomado la decisión de acelerar la instalación de grandes baterías de almacenamiento —BESS— para reforzar el abastecimiento durante los picos de consumo. Sin embargo, esta alternativa de contingencia no reemplaza la necesidad de obras estructurales. La ampliación del sistema de transmisión eléctrica no solo aliviará el área metropolitana, sino que permitirá viabilizar las inversiones de generación hidroeléctrica, térmica y renovable en el Comahue y toda la región patagónica.