El megaproyecto minero Vicuña, desarrollado por la alianza estratégica entre las multinacionales BHP y Lundin Mining, ha consolidado dos hitos fundamentales para su desarrollo: su incorporación formal al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la confirmación del acceso prioritario a la nueva infraestructura eléctrica de alta tensión. Estos avances despejan el camino regulatorio y financiero para la ejecución de una inversión global estimada en US$ 18.000 millones.
Un hito de inversión bajo el paraguas del RIGI
La iniciativa fue registrada bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), lo que le otorga un marco de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por las próximas décadas. Este estatus es clave para viabilizar el inicio de la fase de construcción de Josemaría, la punta de lanza de este distrito minero. Según la Evaluación Económica Preliminar (PEA), la primera etapa del proyecto requerirá un desembolso superior a los US$ 7.100 millones.
Infraestructura eléctrica clave y resolución de conflictos
En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para el Proyecto de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT). Esta resolución es estratégica porque garantiza a Vicuña la disponibilidad del 90% de la capacidad incremental que aportará la futura línea de 500 kV, rechazando de plano las impugnaciones que habían presentado competidores mineros y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).
Los puntos más destacados de la resolución de infraestructura incluyen:
- Financiamiento privado: Las obras eléctricas serán costeadas íntegramente por el consorcio minero, sin generar cargos para los usuarios del sistema.
- Integración al SADI: Una vez finalizadas, las instalaciones pasarán a formar parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) bajo la órbita del transportista nacional.
- Impacto regional: Además de abastecer al yacimiento, la nueva línea de 500 kV dotará de mayor estabilidad al sistema eléctrico del norte de San Juan, abriendo la puerta a futuros desarrollos productivos.
Desde la compañía destacaron que este doble aval normativo y de infraestructura otorga la previsibilidad técnica y financiera necesaria para acelerar las obras civiles de lo que promete ser uno de los mayores emprendimientos de cobre y oro de Sudamérica.