El senador nacional Martín Soria ha puesto sobre la mesa una iniciativa que promete alterar el tablero de la logística industrial en el país. El proyecto, que busca modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), pretende destinar un 5% de la recaudación total a las provincias que asuman la gestión de rutas nacionales. Esta medida, de aprobarse, impactaría directamente en los costos operativos de las empresas mineras, las cuales dependen críticamente de la infraestructura vial para el transporte de insumos y la salida de minerales hacia los puertos.
El trasfondo de una disputa federal
La propuesta surge en un contexto donde el Gobierno Nacional impulsa la transferencia de corredores viales a las jurisdicciones provinciales. Según Soria, es insostenible que las provincias asuman la responsabilidad de mantenimiento sin recibir los recursos fiscales necesarios para garantizar la transitabilidad.
- Modificación del artículo 19 de la Ley 23.966.
- Creación de un fondo específico del 5% del ICL para provincias con convenios de gestión vial.
- Distribución de recursos basada en la cantidad de kilómetros transferidos a cada distrito.
Impacto en la competitividad regional
Para el sector minero, el estado de las rutas nacionales es una variable determinante en la estructura de costos. La falta de inversión en mantenimiento preventivo se traduce habitualmente en demoras logísticas, mayor desgaste de flotas y encarecimiento de seguros. El proyecto plantea el siguiente esquema de distribución:
- Tesoro Nacional: 10,40%
- Fondo Nacional de la Vivienda: 15,07%
- Provincias (reparto general): 26,98%
- Provincias (Gestión Vial): 5%
La iniciativa busca mitigar la asimetría fiscal, donde los ciudadanos continúan tributando el impuesto, mientras que la infraestructura crítica para el desarrollo económico del interior, como la minería y el petróleo, corre el riesgo de degradarse por falta de financiamiento.