La multinacional SLB (Schlumberger), líder global en servicios petroleros, oficializó su decisión de no participar en ninguna etapa del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La medida busca garantizar el cumplimiento estricto del Decreto 868/26, que establece sanciones severas para las compañías que operan en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
El impacto del Decreto 868/26
La normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, impone un régimen de inhabilitación de hasta 20 años para aquellas empresas que colaboren con la exploración o explotación ilegal de recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur. Asimismo, exige una declaración jurada soberana como requisito indispensable para operar en proyectos estratégicos como Vaca Muerta o acceder a los beneficios del RIGI.
Implicancias para la industria
- Posicionamiento estratégico: Al declinar su participación en Malvinas, SLB prioriza su robusta cartera de negocios en la cuenca neuquina, donde compite junto a gigantes como Baker Hughes y Halliburton.
- Señal al mercado: La decisión de la firma cotizante en la Bolsa de Nueva York (NYSE) despeja dudas regulatorias y sienta un precedente sobre cómo las multinacionales deberán elegir entre el desarrollo en el continente o la aventura ilegal en las islas.
- Presión oficial: El Gobierno nacional ratificó que intensificará los controles sobre cualquier petrolera extranjera que pretenda avanzar en el proyecto Sea Lion, marcando una línea clara en la defensa de los recursos soberanos.