El Gobierno nacional ha oficializado un nuevo régimen de derechos de exportación para el petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales, a través del decreto 59/2026. Esta normativa representa un importante cambio en la política fiscal energética, especialmente para las provincias patagónicas de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, que venían impulsando modificaciones para sostener la competitividad de sus cuencas maduras.
La medida busca compensar el incremento de los costos operativos y el declino natural de la producción en los yacimientos tradicionales de la Argentina, un desafío estructural para la industria petrolera convencional. Si bien en los hechos el nuevo esquema supone una baja respecto de los porcentajes que estaban vigentes hasta ahora, no implica la eliminación total de las retenciones, como se había anunciado en noviembre por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, y el entonces vocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
De acuerdo con el decreto, si el precio internacional del barril Brent se sitúa por debajo de los US$65, la alícuota de exportación será del 0 por ciento. Esta cláusula es un alivio significativo para las empresas que operan en la región, ofreciendo mayor certidumbre en escenarios de baja cotización. En contraste, el esquema anterior fijaba el 0% solo si el barril perforaba los US$45.
Sin embargo, la retención no será cero con cotizaciones actuales, como los US$68 registrados recientemente. Para valores intermedios entre US$65 y US$80, se aplicará una fórmula polinómica de ajuste. En el extremo superior, si el precio iguala o supera los US$80, se volverá a aplicar un derecho de exportación del 8%, manteniendo un mecanismo de reparto de la renta petrolera con el Estado nacional.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, había anticipado la importancia de esta decisión para su provincia. “Es una decisión que acompaña el esfuerzo que venimos realizando desde Neuquén para el sostenimiento de esta actividad”, había afirmado el mandatario en noviembre, resaltando el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo nacional para llegar a este acuerdo.
Los considerandos de la norma señalan que este cambio responde a acuerdos suscriptos entre el Ministerio de Economía y las provincias productoras. La flexibilización de las retenciones es vista como una herramienta para dotar de mayor competitividad a un sector que enfrenta un “declino estructural” y que es vital para la economía de la Patagonia.
Este nuevo marco fiscal busca equilibrar las necesidades de financiamiento del Estado con la promoción de la inversión en el sector petrolero convencional, garantizando la continuidad de las operaciones y el empleo en la región. La medida será clave para la planificación de las operadoras y para las finanzas provinciales que dependen en gran parte de la actividad hidrocarburífera.