La Procuración del Tesoro de la Nación ha elevado una solicitud urgente ante la jueza Loretta Preska de Nueva York, buscando la suspensión inmediata del proceso de búsqueda de activos (discovery) y la paralización del pedido de desacato. Esta maniobra legal tiene como objetivo ganar tiempo mientras la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York revisa el fallo que obliga al Estado Argentino a desembolsar US$ 16.100 millones, más intereses, por la expropiación de YPF en 2012.
La urgencia radica en la creciente presión del fondo Burford Capital, que cotiza en Londres y Wall Street, y que busca por diversas vías que la jueza Preska declare al país en desacato. Esta audiencia crucial está programada para los días 31 de marzo y 1 de abril. Una declaración de desacato sería un golpe severo para la ya frágil reputación crediticia de Argentina, justo en un momento en que el gobierno busca reabrir las puertas del mercado internacional de deuda, impulsado por una relativa baja del riesgo país.
El antecedente Griesa: un «default selectivo» que revive fantasmas
La posibilidad de ser declarado en desacato no es un mero formalismo. Para la comunidad inversora, implica que el país no respeta las decisiones de tribunales internacionales clave. Este escenario remite directamente al precedente de 2014, cuando el juez Thomas Griesa dictó una orden que impedía al agente de pago (BoNY Mellón) distribuir fondos a los bonistas sin antes pagar a los holdouts. Ante el incumplimiento argentino, Griesa declaró al país en “desacato”.
En aquel entonces, a pesar de los intentos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de una «ingeniería creativa» para cambiar el agente de pago, la propuesta fracasó. Los intermediarios financieros se negaron a participar en una medida que eludía una decisión judicial de un tribunal estadounidense, llevando a Argentina a un «default selectivo».
Ese riesgo, hoy, vuelve a estar latente, y para compensarlo, los inversores demandarían tasas de interés aún más elevadas, entorpeciendo cualquier intento de refinanciación o emisión de nueva deuda.
La estrategia de Burford es clara: utilizar todas las herramientas legales disponibles para forzar al gobierno argentino a sentarse a negociar un acuerdo sobre la monumental suma adeudada. La suspensión del proceso de búsqueda de activos es vital para Argentina, ya que este “discovery” implica la identificación de bienes y propiedades del Estado que podrían ser embargados si el desacato se concreta y el proceso avanza.
La decisión de la Cámara de Apelaciones será determinante para el futuro financiero del país. De su fallo dependerá si Argentina logra desactivar la amenaza de Burford y, con ello, allanar el camino para su tan ansiada vuelta a los mercados voluntarios de deuda, o si, por el contrario, enfrenta un nuevo capítulo de aislamiento financiero con costos incalculables para su economía.