El Gobierno nacional ha implementado una medida clave para el sector hidrocarburífero de la Patagonia, estableciendo una alícuota del cero por ciento (0 %) para los derechos de exportación de petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales. Este beneficio fiscal se aplica cuando el precio internacional del barril sea menor o igual a US$65, impactando directamente en áreas maduras de las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén.
La normativa, oficializada a través del Decreto 59/2026 y publicado este jueves en el Boletín Oficial, modifica el esquema previo que establecía un Valor Base de US$45 para comenzar a tributar. Con los nuevos parámetros, si el precio internacional supera los US$65 pero se mantiene por debajo de los US$80 (Valor de Referencia), se aplicará una fórmula de cálculo específica. Solo si el precio iguala o supera los US$80, la alícuota volverá a ser del 8 %.
El principal objetivo de esta decisión es revertir el declive de la producción en los reservorios convencionales de la región, los cuales enfrentan un agotamiento natural y un constante incremento en sus costos operativos. Según los considerandos de la norma, la adecuación fiscal busca mejorar significativamente la competitividad del sector y fomentar nuevas inversiones, un paso crucial tras los acuerdos alcanzados entre el Estado Nacional, las provincias de Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH).
Este pacto con los estados provinciales se enmarca en las negociaciones parlamentarias por la reforma laboral, donde el oficialismo busca el apoyo de provincias aliadas. La medida busca, además de la reactivación productiva, generar un clima de mayor estabilidad y previsibilidad para las operadoras.
Para la implementación efectiva de este beneficio, la Secretaría de Energía será la encargada de determinar el volumen de crudo incluido en el nuevo esquema. Esta determinación se basará en la proporción de producción convencional de cada área de concesión. El organismo dispone de un plazo de 60 días para dictar las normas complementarias necesarias, momento a partir del cual la medida surtirá efectos plenamente y se espera que impulse una inyección de capital en el sector.
La expectativa es que esta reducción de la carga fiscal motive a las empresas a incrementar las perforaciones y la aplicación de técnicas de recuperación secundaria y terciaria en campos maduros, prolongando así la vida útil de yacimientos que son fundamentales para la economía regional patagónica.