El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras la renuncia de su titular, Marco Lavagna. La dimisión, efectiva este lunes, se produce en el marco de una controvertida decisión oficial: postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La causa principal de esta medida es el significativo impacto que los aumentos de tarifas de gas natural y electricidad tendrían en el nuevo indicador, proyectando una mayor inflación.
Desde enero, el Indec planeaba implementar una fórmula renovada para medir el índice de precios, incorporando una canasta de consumo actualizada basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017-2018. Sin embargo, este cambio fue frenado, desatando la disconformidad de Lavagna y su posterior salida.
El peso crítico de la energía en la nueva medición
El epicentro de la disputa reside en la mayor ponderación que “Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles” iba a adquirir en la nueva canasta del IPC. Este rubro clave pasaría de un 9,4 a un 14,5 por ciento. Aún más relevante, el subrubro “Electricidad, gas y otros combustibles”, que en el esquema actual representa entre 2,5 y 3,7 puntos porcentuales según la región, ascendería a 5,9 puntos porcentuales en la metodología propuesta. Esto significaba que las tarifas de servicios públicos tendrían un peso considerablemente mayor justo cuando el gobierno se prepara para aplicar subas significativas.
Aumentos tarifarios: el detonante de la crisis
El contexto de esta decisión se enmarca en los aumentos tarifarios ya anunciados para este año. El Gobierno informó el viernes un incremento promedio del 16,86% en la tarifa de gas natural a nivel nacional. Esta suba responde a una combinación de factores que incluyen:
- La cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria acordada con las distribuidoras.
- La aplicación de la fórmula IPC+IPIM para asegurar que las tarifas mantengan su valor real.
- La implementación de un nuevo esquema de subsidios.
- El establecimiento de un nuevo precio del gas fijo para todo el año, destinado a reducir la volatilidad.
La postergación del nuevo IPC busca, según analistas, evitar que estos inminentes incrementos energéticos se traduzcan de manera más directa y con mayor impacto en las cifras de inflación, generando un efecto político y económico que el Ejecutivo prefiere mitigar en el corto plazo.