Los gobernadores de las principales provincias mineras de Argentina, incluida Santa Cruz, están forjando una estrategia unificada para modificar la Ley de Glaciares (Ley 26.639). La iniciativa busca redefinir los límites de la protección ambiental en la cordillera, buscando destrabar inversiones clave en minerales estratégicos como el cobre y el litio, esenciales para la transición energética global. La discusión pone en relieve la tensión entre la protección hídrica y la urgencia de proyectos que prometen un significativo impulso económico regional.
La denominada Mesa del Cobre, que agrupa a los mandatarios de San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz, se reunió en Buenos Aires para coordinar una postura común. Este encuentro surge de la creciente presión por parte de los gobiernos provinciales y el sector privado, quienes argumentan que la normativa actual, particularmente la amplia definición de “ambiente periglaciar”, está paralizando el desarrollo de proyectos de gran envergadura.
Autonomía Provincial: La Clave para Destrabar Inversiones
El reclamo central de los gobernadores es ser reconocidos como la autoridad de aplicación de la ley, lo que les permitiría tener mayor capacidad para:
- Definir y delimitar las áreas que realmente requieren protección ambiental.
- Habilitar proyectos extractivos en zonas donde no se considere que exista riesgo para los recursos hídricos.
Esta propuesta se articula a través de dos posibles vías: una modificación directa de la legislación vigente o la emisión de un decreto reglamentario que otorgue mayor flexibilidad interpretativa y descentralice la toma de decisiones.
El Debate: Protección Ambiental vs. Desarrollo Minero
La Ley 26.639 prohíbe explícitamente la minería y la exploración de hidrocarburos en zonas de glaciares y ambiente periglaciar, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Sin embargo, las provincias sostienen que la interpretación actual del término “ambiente periglaciar” es excesivamente amplia, abarcando vastas extensiones donde, según sus estudios, no existen riesgos directos para el recurso hídrico, pero sí un alto potencial minero.
La reforma se presenta como un paso crucial para equilibrar la protección ambiental con la necesidad imperiosa de atraer inversiones que generen empleo y desarrollo económico. Desde Santa Cruz, la expectativa es alta por el impacto que podría tener en proyectos de cobre en la cordillera patagónica, sumando un nuevo horizonte a su tradicional matriz extractiva.
Respaldo Nacional y Perspectivas Futuras
El planteo provincial ha sido recibido con considerable interés por el gobierno nacional. Desde la Casa Rosada, se observa que una actualización de la ley podría no solo destrabar importantes proyectos mineros, especialmente los vinculados al cobre, sino también consolidar el respaldo político de los mandatarios cordilleranos. El presidente ya ha manifestado públicamente su apoyo a que sean las provincias quienes definan sus áreas periglaciares y decidan sobre la habilitación de la explotación, lo que anticipa un debate legislativo de alto impacto y de vital importancia para el futuro de la minería en Patagonia y el país.