Un escándalo de corrupción sacude el corazón de Plottier, Neuquén, tras una serie de ocho allanamientos simultáneos que tuvieron como epicentro la Municipalidad y la residencia del actual intendente, Luis Bertolini. La investigación, impulsada por la Fiscalía de Delitos Económicos, pone bajo la lupa el presunto manejo irregular de fondos públicos durante la gestión anterior de Bertolini como Secretario de Obras en la administración de Gloria Ruiz.
Despliegue Judicial Sin Precedentes Afecta al Alto Valle
Desde las primeras horas de este viernes, la rutina en Plottier y otras localidades del Alto Valle patagónico se vio alterada por un vasto despliegue policial. Los procedimientos alcanzaron cinco domicilios en Plottier, incluyendo el edificio municipal y la vivienda particular del jefe comunal. A esto se sumaron dos allanamientos en Cipolletti (Río Negro) y otros en la ciudad de Neuquén, específicamente en la diagonal 25 de Mayo y la calle Santamaría. El objetivo principal de estos operativos es la recolección de documentación y dispositivos electrónicos, tanto en formato físico como digital, esenciales para reconstruir el circuito administrativo y financiero de los hechos denunciados.
Doble Foco en el Presunto Fraude: Exenciones y Contrataciones Irregulares
La causa, que mantiene en vilo a la comunidad, es liderada por los fiscales Juan Manuel Narváez y Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli. La investigación se activó a mediados de enero y se centra en dos hechos concretos que involucran decisiones administrativas y contrataciones públicas:
- Eximición de Tasas al Barrio Privado “Los Canales”: Se analiza el decreto 646/25, mediante el cual Luis Bertolini habría dispuesto la eximición del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025.
- Contratación Irregular de Empresa Privada: Se investiga el presunto manejo irregular en la contratación de una empresa privada para la ejecución de obras públicas. Fuentes judiciales sugieren que los socios de dicha empresa tendrían vínculos directos con autoridades municipales, lo que configuraría un claro conflicto de intereses.
Delitos Imputados y Búsqueda de Pruebas Clave
En el expediente judicial se investigan posibles delitos graves contra la administración pública, entre ellos: administración fraudulenta en perjuicio del Estado, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todas las medidas fueron autorizadas por la jueza de garantías Carina Álvarez, quien avaló el avance de los procedimientos para asegurar la preservación de pruebas fundamentales. Este operativo marca un precedente en la región, subrayando el compromiso de las autoridades judiciales con la transparencia y el combate a la corrupción en la Patagonia.