El Ministro de Economía, Luis Caputo, ha encendido el debate fiscal al anunciar una reducción en los derechos de exportación de automóviles (actualmente el 2% del precio de venta). Esta medida busca mitigar el estancamiento productivo y exportador del sector automotriz.
Sin embargo, la declaración de Caputo fue más allá: criticó duramente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la alta incidencia de Ingresos Brutos (que representa el 7% de las ventas) y las tasas a las ventas municipales (un 3% de las ventas) en su jurisdicción. Este cruce pone de manifiesto una profunda tensión en las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, con implicaciones directas para la estructura impositiva del país, incluyendo a las provincias patagónicas.
El Laberinto de los Impuestos Distorsivos
La postura del Ministro de Economía subraya tres puntos críticos sobre la actual configuración fiscal argentina:
- La Nación puede realizar esfuerzos significativos para reducir impuestos distorsivos, como los derechos de exportación, pero el impacto más perjudicial en la actividad económica sigue proviniendo de los tributos provinciales y municipales.
- La aparente indiferencia del gobernador Kicillof ante la crítica sobre Ingresos Brutos y tasas municipales evidencia la complejidad política de abordar estas fuentes de recaudación vitales para las provincias.
- La única vía efectiva para desmantelar los impuestos más distorsivos en Argentina es la implementación de un Nuevo Acuerdo de Coordinación Tributaria y de Responsabilidades entre la Nación y todas las provincias.
Buenos Aires: El Caso Emblemático de Desfinanciamiento
El conflicto con Buenos Aires no es aislado. La provincia más grande del país sufre un desfinanciamiento estructural que se remonta a 1988, cuando la coparticipación federal de impuestos comenzó a perjudicarla en favor de las provincias del norte. Históricamente, esta situación se compensaba con asistencia financiera discrecional de la Nación, una tradición que se rompió con la llegada de gobiernos de diferente signo político.
La ausencia de este “chorro financiero” nacional ha dejado a la Provincia de Buenos Aires sin más alternativa que recurrir a la imposición de Ingresos Brutos y elevadas tasas municipales para sostener sus servicios. Esta situación, aunque particular de Buenos Aires, resuena en diversas jurisdicciones patagónicas que también enfrentan desafíos de financiamiento y dependencia de transferencias, así como la presión de mantener su autonomía fiscal.
El Camino Hacia un Nuevo Acuerdo Tributario
El llamado a un nuevo Acuerdo de Coordinación Tributaria es crucial. No se trata solo de eliminar impuestos distorsivos, sino de redefinir las responsabilidades de cada nivel de gobierno y asegurar un financiamiento equitativo. Las transferencias nacionales históricamente presentaban ambigüedades, financiando tanto obras nacionales como provinciales o municipales. La interrupción de estas transferencias genera justificados reclamos cuando se trata de funciones nacionales, pero también pone en evidencia la necesidad de claridad en la asignación de recursos y funciones.
Para provincias como Neuquén, con una fuerte base de recursos naturales y una activa defensa de su autonomía, un nuevo pacto fiscal podría significar tanto oportunidades de mayor recaudación propia como la necesidad de reajustar su estructura impositiva local. La discusión sobre el ‘Super IVA’ provincial es, en esencia, una invitación a repensar el federalismo fiscal argentino en su totalidad.