La Justicia Federal ha dado un golpe contundente contra la corrupción que, según el juez Sebastián Casanello, se gestó en los primeros meses de gestión del gobierno de Javier Milei. El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado por asociación ilícita, enfrentando un embargo sin precedentes que supera los $202.000.000 de pesos sobre sus bienes.
Entramado de Corrupción Institucional y Operadores Externos
La decisión judicial alcanza a un total de 19 personas, incluyendo a exfuncionarios, empleados del organismo y empresarios vinculados. La investigación destapó un sofisticado esquema de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades que operaba mientras Spagnuolo ocupaba la máxima jerarquía en la ANDIS. El juez Casanello describió este andamiaje como un “entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Este esquema, según el fallo, habría contado con la participación conjunta de “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”. Entre los procesados se encuentran figuras clave como Daniel Garbellini, segundo en la jerarquía de Spagnuolo, y los empresarios Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados a droguerías, lo que sugiere el alcance de los negocios ilícitos.
ANDIS: De Servicio Público a Vía de Enriquecimiento
La grave acusación del juez federal señala que la ANDIS fue utilizada como una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización”, desviando su propósito fundamental de “protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”. Este desmedro de la finalidad pública subraya la gravedad del caso y el impacto en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El magistrado advirtió que la investigación podría expandirse, ya que el “esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”. Entre los indicios adicionales, se mencionan posibles extensiones de la “lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores” dentro de la propia agencia. La magnitud de las cifras y el presunto “desenfado” con que operaba la organización sugieren que no se trató de un caso aislado, insinuando “otro nivel de complicidades”.
Orígenes del Escándalo y Audios Comprometedores
El caso tomó estado público a partir de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, donde el exfuncionario habría hecho referencia a supuestas coimas exigidas a laboratorios. Estos intercambios fueron cruciales para iniciar la pesquisa que hoy culmina con el procesamiento y un embargo millonario, exponiendo una red de corrupción que pone en tela de juicio la transparencia en la administración de recursos estatales.