La República Argentina ha presentado una contundente declaración jurada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en respuesta a la orden de la jueza Loretta Preska. El documento, que detalla el estado y la localización de las reservas de oro del Banco Central, se enmarca en el juicio por la expropiación de YPF, donde los demandantes buscan activos embargables para ejecutar una sentencia que asciende a 16.100 millones de dólares.
El escrito, elevado como respuesta al pedido impulsado por los beneficiarios del fallo, encabezados por Burford Capital, subraya que el oro del BCRA no puede ser considerado un activo alcanzable por la ejecución judicial.
Riesgo de Seguridad Nacional y Estabilidad Financiera
Uno de los ejes centrales de la defensa argentina se fundamenta en argumentos de seguridad nacional. El Estado ha sostenido que divulgar información sensible como:
- La ubicación exacta del oro.
- La identidad de los custodios.
- Las rutas de traslado.
- Los mecanismos de resguardo.
excede cualquier obligación procesal y representa un riesgo concreto para el país. Según se advirtió, una eventual exposición de estos datos podría:
- Afectar la gestión diaria de las reservas internacionales.
- Comprometer la seguridad física del metal.
- Generar impactos negativos en el sistema financiero argentino.
- Incidir en la política cambiaria y la confianza sobre el respaldo de los depósitos bancarios.
La Estrategia de Inembargabilidad y la Autonomía del BCRA
La estrategia jurídica se apoya, además, en la autonomía del Banco Central. El Gobierno reiteró que las reservas pertenecen exclusivamente al BCRA, una entidad autárquica e independiente del Poder Ejecutivo, cuyos activos gozan de inmunidad de ejecución. Bajo este criterio, el oro sería inembargable tanto en Estados Unidos como en otras jurisdicciones, incluido el Reino Unido y la propia Argentina.
La Postura de Luis Caputo y las Implicancias para el Estado
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una aclaración personal ante el tribunal, asegurando que no posee información no pública sobre las cuentas ni sobre la ubicación del oro del Banco Central, y que cualquier manifestación previa se basó en datos ya difundidos por medios de comunicación. Con esta presentación, el Gobierno busca reforzar la separación institucional entre el Tesoro y el Banco Central, un punto clave en la causa para evitar que la Justicia estadounidense considere al BCRA como una extensión del Estado ejecutable.