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Juan Ignacio Stampalija, subprocurador del Tesoro, revela en exclusiva la estrategia legal y diplomática que llevó a la histórica revocación del fallo de US$16.000 millones contra Argentina por YPF en Nueva York. Destaca la directiva presidencial de ‘tener que ganar’ como pilar de la defensa que revirtió el peor escenario posible para el país.

Argentina obtuvo un triunfo judicial histórico en Nueva York, revocando la condena por la nacionalización de YPF y ahorrando US$18.000 millones. El presidente Javier Milei celebró el logro desde Houston, arremetiendo contra los exfuncionarios responsables de la expropiación. Este alivio fiscal tiene profundas implicaciones para la capacidad de inversión de YPF y el clima de negocios del sector energético, beneficiando directamente a las provincias patagónicas productoras como Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó un fallo de US$16.100 millones contra Argentina por la expropiación de YPF, argumentando que la jueza Preska interpretó erróneamente la ley argentina. Esta decisión libera al país de una carga financiera masiva, sentando un precedente significativo sobre la naturaleza de los estatutos societarios y la soberanía del Estado en expropiaciones, con importantes implicancias para las finanzas nacionales y el futuro de la inversión en el sector energético, especialmente en la Patagonia y proyectos clave como Vaca Muerta.

Comenzó en Trevelin el juicio por el crimen de Walter Arturo Pardo, con Rodrigo Modesto Sánchez como único acusado. El caso, marcado por la violencia familiar, enfrenta a la fiscalía, que sostiene un exceso en la legítima defensa, la querella, que acusa de homicidio sin atenuantes, y la defensa, que clama por la absolución. Un jurado popular de Chubut deberá decidir si la reacción de Sánchez fue proporcional ante la agresión de la víctima.

Argentina advierte a la jueza Loretta Preska que la revelación de datos sobre las reservas de oro del Banco Central en el juicio por la expropiación de YPF pone en grave riesgo la estabilidad financiera y la seguridad nacional. El Gobierno argumenta la inembargabilidad del oro debido a la autonomía del BCRA y las potenciales consecuencias catastróficas para la economía si la información confidencial se hace pública.