El Gobierno nacional, a través de la Resolución 1381/2026 publicada en el Boletín Oficial, aprobó la incorporación del proyecto “Ampliación Mega” al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta iniciativa, liderada por la firma Compañía Mega SA Sucursal Dedicada (CMSD), prevé un desembolso total de US$ 365.398.669 destinado a potenciar el procesamiento y transporte de líquidos de gas natural (LGN) provenientes de la cuenca neuquina.
El plan de inversión calificado bajo el sector de petróleo y gas contempla activos computables por un valor de US$ 359.164.361. Para cumplir con las exigencias legales del régimen de incentivos, la firma se comprometió a un cronograma acelerado de desembolsos:
- Año 1: Inversión de US$ 121.613.889.
- Año 2: Inversión de US$ 152.709.106.
- Fecha límite de inversión: 1 de octubre de 2027.
- Inicio de operaciones: 28 de febrero de 2029, con una vida útil estimada de 18 años.
Ampliación de capacidad y obras de infraestructura
El principal objetivo de la obra es incrementar la producción del Complejo Industrial MEGA en 1.500 toneladas diarias adicionales de LGN, que se sumarán a las 5.500 toneladas que se procesan actualmente. Las obras civiles y tecnológicas se desplegarán en tres nodos estratégicos:
- La Planta de Separación Loma La Lata, ubicada en la provincia de Neuquén.
- El Poliducto Loma La Lata – Bahía Blanca, que atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.
- La Planta de Fraccionamiento en el polo petroquímico de Bahía Blanca.
Controles de separabilidad y compre local
Dado que se trata de la ampliación de una estructura preexistente, la normativa del RIGI exige un estricto control contable y operativo. CMSD funcionará de manera independiente a su casa matriz, llevando una contabilidad separada para asegurar que los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios se apliquen exclusivamente a la nueva infraestructura y no al complejo existente.
Finalmente, el proyecto destaca por su fuerte impacto en la cadena de valor local: la empresa se comprometió a destinar el 60% del monto total de inversión a la contratación de proveedores, bienes y obras locales. Este porcentaje triplica el piso del 20% exigido por la ley vigente, garantizando una fuerte tracción del empleo y el desarrollo industrial en la Patagonia.