En un movimiento estratégico que sacude la geopolítica energética del Atlántico Sur, las principales empresas de servicios petroleros que operan en Vaca Muerta han confirmado oficialmente su negativa a participar en el proyecto Sea Lion. Tras la decisión inicial de SLB, ahora se suman Halliburton, Baker Hughes y DLS Archer, bloqueando efectivamente el suministro de tecnología crítica para la exploración británica en las Islas Malvinas.
El impacto del Decreto 868/2026
La postura de las multinacionales responde al endurecimiento normativo impuesto por el Gobierno nacional, que busca asfixiar financieramente y operativamente a quienes operen en la plataforma continental argentina sin autorización. Los pilares de esta nueva presión estatal incluyen:
- Trámite sumario: Resolución de inhabilitaciones en solo 10 días hábiles.
- Sanciones severas: Prohibiciones operativas de hasta 20 años y caducidad de concesiones vigentes en territorio continental.
- Condicionamiento RIGI: La presentación de una declaración jurada de cumplimiento soberano es ahora requisito excluyente para acceder a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
Un bloqueo estratégico para el offshore
Al conformar el denominado Big Three de la industria junto a SLB, la negativa de Halliburton y Baker Hughes priva al proyecto británico de capacidades esenciales en ingeniería, fractura hidráulica y perforación dirigida. La medida del Ejecutivo nacional obliga a estas compañías a elegir entre el mercado local —con el enorme potencial de Vaca Muerta— o las operaciones en las Islas Malvinas, una encrucijada que, por el momento, ha inclinado la balanza a favor de la soberanía argentina.