En un giro estratégico de alto impacto para la geopolítica energética, el Gobierno nacional ha decidido utilizar el potencial de Vaca Muerta como un mecanismo de presión directa contra empresas que operan en la plataforma continental de las Islas Malvinas. Bajo el Decreto 868/2026, la Cancillería argentina ha iniciado un proceso de fiscalización que obliga a 180 compañías a elegir entre sus proyectos offshore en el Atlántico Sur o el acceso al mercado energético argentino.
Vaca Muerta: El arma de negociación
La estrategia, detallada por el canciller Pablo Quirno, busca alterar el cálculo de rentabilidad de las operadoras globales. La nueva normativa establece que cualquier empresa que pretenda acceder al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) deberá presentar una declaración jurada confirmando que no mantiene actividades ilícitas en la zona de disputa.
El blanco de las sanciones
La medida pone en jaque a una red compleja de proveedores, aseguradoras y operadoras financieras. Entre los puntos clave destacan:
- Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration son los principales focos, responsables del proyecto Sea Lion, cuya inversión inicial asciende a U$S 1.800 millones.
- El listado de firmas bajo la lupa incluye actores de Reino Unido, Israel, Estados Unidos y Dinamarca, entre otros.
- La sanción efectiva implica la prohibición de operar o invertir en los activos más codiciados de la cuenca neuquina.