La visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a la provincia de San Juan marcó un punto de inflexión en la relación entre el poder ejecutivo nacional y el sector de servicios mineros. En un encuentro con la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), los empresarios nucleados en la entidad expusieron las barreras que enfrentan para integrarse plenamente en la cadena de valor de los grandes proyectos cordilleranos.
Preocupaciones estratégicas y el factor Chile
El titular de CAPRIMSA, Fernando Godoy, destacó que el diálogo permitió elevar inquietudes críticas que serán trasladadas formalmente al Senado de la Nación. Entre los ejes centrales de la discusión, se destacaron:
- Asimetrías competitivas: El impacto del Tratado Binacional Minero con Chile y el temor a una competencia desigual frente a proveedores trasandinos.
- Carga impositiva: La necesidad de una revisión del esquema tributario que limita la escalabilidad de las pequeñas y medianas empresas locales.
- Comunicación corporativa: La falta de transparencia y apertura por parte de las grandes operadoras para integrar a proveedores regionales.
- Financiamiento y previsibilidad: El reclamo por condiciones financieras que permitan a las Pymes acompañar el ritmo de inversiones en proyectos de cobre como Vicuña, NexoAndino y Filo Sur.
El impacto en la cadena de valor
El formato de conversatorio permitió que cerca de 40 empresas representativas del sector expusieran la realidad de un entramado industrial que busca dejar de ser un actor secundario. Para la cámara, la articulación con el gobierno nacional es vital para asegurar que la expansión de la minería en la cordillera no se limite a una exportación de recursos, sino que se convierta en un motor de desarrollo local sostenible.