El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma en el sistema de transporte de gas natural en Argentina a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 580/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida busca eliminar distorsiones tarifarias históricas y establecer un nuevo esquema de precios para las obras de infraestructura clave del sector energético.
Fin a la excepción cambiaria de la crisis de 2002
La nueva normativa deroga el Decreto 689/02, una herramienta dictada durante la crisis de convertibilidad que excluía a las tarifas de transporte de gas para exportación y a ciertos contratos de compraventa del régimen de pesificación, permitiendo que mantuvieran sus precios en moneda extranjera. Según los considerandos del Ejecutivo nacional, ese tratamiento excepcional respondió a circunstancias de emergencia ya superadas y actualmente “carece de justificación en el marco regulatorio vigente”, generando distorsiones asimétricas entre los cargadores del sistema.
Impacto directo en el Gasoducto Perito Moreno (GPM)
La reforma tiene un impacto directo sobre la infraestructura que conecta a la cuenca de Vaca Muerta con los centros de consumo. Específicamente, la norma establece que, una vez habilitadas las obras de ampliación en el tramo que une Tratayén (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires), todos los cargadores de la línea de transporte deberán abonar un precio unificado.
Este nuevo valor se determinará mediante un promedio ponderado que contempla:
- El precio de la capacidad que se encuentra actualmente contratada.
- El nuevo precio de la capacidad incremental, el cual surge de la licitación pública de las obras de ampliación propuestas por la licenciataria Transportadora de Gas del Sur (TGS).
Transición tarifaria y nuevo organismo de control
Con el objetivo de mitigar el impacto financiero y evitar saltos bruscos en los costos de los cargadores, el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) quedó plenamente facultado para diseñar e implementar un esquema de escalonamiento progresivo entre los valores vigentes y la nueva tarifa unificada.
Desde el Ejecutivo señalaron que esta reconfiguración, que comenzó a delinearse operativamente el pasado 1 de mayo, resulta “imprescindible para dotar de inmediata certeza y estabilidad a las relaciones jurídicas vigentes”, asegurando así la continuidad de las inversiones y evitando una eventual parálisis de la actividad privada en el segmento del transporte de hidrocarburos.