El exsecretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, expuso los pormenores de la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en una jornada académica en la Universidad de Buenos Aires. Junto a referentes del sector como Alfredo Sánchez Moreno (gerente de Finanzas del proyecto minero Los Azules), reveló detalles inéditos de la trastienda de la reglamentación y las proyecciones de inversión para los sectores productivos clave de la Patagonia y el resto del país.
El rol de Daniel González y el origen de las apuestas
García Hamilton detalló cómo se gestó la reglamentación del régimen tras el diseño inicial del equipo de Presidencia. Según explicó, la posta regulatoria fue delegada a su área, donde el actual secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González (apodado internamente como “el RIGIman”), asumió un rol preponderante para coordinar las mesas técnicas y evaluar el alcance federal de la medida.
Durante la exposición, el exfuncionario recordó las expectativas y especulaciones iniciales del Gobierno sobre la recepción de propuestas:
- Minería: Se proyectaba inicialmente el ingreso de al menos seis grandes desarrollos de escala internacional.
- Forestoindustria: Las expectativas eran nulas en el corto plazo, estimando cero proyectos presentados en la fase inicial.
- Evaluación técnica: Se conformó un Comité Evaluador riguroso para analizar la viabilidad técnica y financiera de cada postulación, llegando a rechazar iniciativas con alto grado de avance que no cumplían con los requisitos de valor agregado.
Temores de judicialización y el debate por el blindaje de las inversiones
Uno de los puntos más álgidos del encuentro giró en torno a la seguridad jurídica de las inversiones de capital intensivo a largo plazo. Ante la consulta sobre posibles cambios de rumbo político que afecten los beneficios impositivos y cambiarios del RIGI, los representantes del sector privado y los analistas plantearon la necesidad de dotar de mayor legitimidad y “blindaje” al sistema para evitar futuras disputas judiciales o reversiones regulatorias que pongan en jaque los desembolsos proyectados para las provincias.