En un movimiento político y social sin precedentes, la provincia de San Juan ha consolidado un frente común para defender su infraestructura energética frente a las pretensiones del megaproyecto minero Vicuña. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) recibió el respaldo unánime de municipios, sindicatos, cámaras empresarias y sectores productivos para exigir que la minera firme Acuerdos de Mitigación antes de conectarse a la línea de 500 kV.
Defensa del patrimonio y la inversión pública
El núcleo del conflicto radica en el acceso a la red de transporte de alta tensión, una obra estratégica que fue financiada históricamente por el Estado provincial y los propios usuarios sanjuaninos a través de sus tarifas de luz. La postura de la provincia, ratificada ante el ENReGE, es clara: evitar que un actor privado capture de manera gratuita la capacidad de una infraestructura pública.
Durante el encuentro del Consejo Asesor, se consensuaron los siguientes puntos clave:
- No al acceso absoluto: El derecho de libre acceso a las redes eléctricas no puede pasar por encima de las inversiones comunitarias preexistentes.
- Exigencia de mitigación: El proyecto Vicuña deberá suscribir acuerdos que compensen el impacto en la red local.
- Consenso transversal: Participaron intendentes de departamentos clave como Jáchal, Calingasta, Ullúm e Iglesia, junto a la CGT, Luz y Fuerza, la Cámara Minera de Calingasta (CASEMICA) y entidades viñateras.
Respaldo científico y regulatorios internacionales
La estrategia sanjuanina no es un reclamo aislado, sino que cuenta con un sólido sustento técnico provisto por el Instituto de Energía Eléctrica de la UNSJ y el CONICET. Los informes técnicos demuestran que el esquema de mitigación exigido se alinea con los estándares de países líderes en desarrollo minero y energético, tales como Canadá, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Perú.
Con este respaldo político, gremial y académico, el Consejo de Acompañamiento se declaró en sesión permanente para monitorear la evolución del conflicto y garantizar que el desarrollo minero no se realice a expensas de los recursos de la comunidad.