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La Justicia de Río de Janeiro ordenó la prisión preventiva de Agostina Páez, abogada argentina acusada de injuria racial tras realizar gestos denigrantes en un bar de Ipanema. El caso, que genera debate sobre la conducta de turistas, coincide con una alerta regional: una familia patagónica fue víctima de una estafa millonaria por un alquiler falso en Brasil, superando el $1.200.000. Ambos episodios refuerzan la necesidad de cautela para los viajeros argentinos en el país vecino.

La Justicia de Chubut ha condenado al Banco del Chubut a indemnizar a dos jubilados víctimas de una estafa virtual por más de $440 mil. El fallo considera que la entidad incumplió su deber de seguridad y brindó un trato indigno a los damnificados, ordenando la restitución del dinero, indemnización por daño moral y psicológico, y una multa por daño punitivo. Este precedente subraya la responsabilidad bancaria en ciberseguridad y protección al consumidor.

Un vecino de Caleta Olivia, Santa Cruz, fue estafado tras responder a una falsa oferta de trabajo en el sector minero. A través de WhatsApp, le solicitaron diversas sumas de dinero para supuestos gastos administrativos y capacitaciones, que la víctima transfirió antes de darse cuenta del engaño. La denuncia fue radicada en el Juzgado de Instrucción N°1 de Caleta Olivia, en un contexto de creciente alerta por estafas laborales que aprovechan la alta demanda de empleo en la minería patagónica.

Una mujer fue detenida en Esquel, Chubut, tras romper un candado e intentar usurpar una vivienda deshabitada desde 2013, perteneciente a una sucesión. Al ser interceptada por la policía, intentó escapar y fue acusada formalmente por usurpación y desobediencia a la autoridad, aunque recuperó la libertad bajo medidas cautelares.

Una empleada del Registro Civil de Neuquén fue imputada por exigir 90.000 pesos por un “sellado de matrimonio” a una pareja, transfiriendo el dinero a su cuenta personal, y por falsificar el acta matrimonial omitiendo datos clave como la realización a domicilio y la identidad de testigos. La causa investiga el perjuicio económico al Estado y la gravedad institucional de las maniobras, afectando la confianza pública.

La Justicia de Santa Cruz ofrece una recompensa de $5 millones por datos que esclarezcan la desaparición de Mario César García en Caleta Olivia desde el 8 de diciembre. La investigación, que incluye rastrillajes y análisis de testimonios, no ha logrado su paradero, impulsando a la justicia a buscar la colaboración ciudadana ante la falta de avances.