Diputados se prepara para votar la modificación de la Ley de Glaciares el 8 de abril, una medida clave para destrabar millonarias inversiones en minería de cobre y oro. Tras audiencias públicas, el oficialismo busca el dictamen de mayoría el 31 de marzo, esperando una votación ajustada que impactará directamente en la economía de la Patagonia.

La Cámara de Diputados debatirá la modificación de la Ley de Glaciares el 8 de abril, una medida crucial para destrabar inversiones mineras de cobre y oro, especialmente en la Patagonia. El oficialismo busca el dictamen de mayoría, anticipando una votación ajustada que requiere el apoyo de bloques provinciales para asegurar los 131 votos necesarios y promover el desarrollo económico de la región.

Expertos mineros, liderados por Mario Capello del Grupo Sarmiento, confrontan duramente al Arzobispado por su oposición a modificar la Ley de Glaciares, acusándolos de frenar inversiones y condenar a miles a la pobreza, comparando su accionar con la Inquisición y contradiciendo los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. La disputa resalta la tensión entre la protección ambiental y el desarrollo económico, con implicaciones directas para la Patagonia minera.

Barrick Gold reemplazó a su proveedor gastronómico en la mina Veladero (San Juan) tras 15 años, otorgando el contrato a la firma nacional JSC Soluciones Integrales. La decisión, que prioriza un 60% de compras locales y el desarrollo regional, es celebrada por el sector y sienta un precedente crucial para la industria minera, enviando un claro mensaje sobre responsabilidad social y desarrollo sostenible a los proveedores de la Patagonia, especialmente en Santa Cruz.

La provincia de San Juan, a través del IPEEM, licitará nueve áreas mineras en Iglesia y Calingasta, buscando atraer inversiones estratégicas para la exploración de pórfidos de cobre, oro y litio (tierras raras). Este movimiento consolida a San Juan como un polo minero en Argentina, vital para la matriz económica y la demanda global de minerales críticos, sentando un precedente relevante para otras regiones mineras del país, incluida la Patagonia.

La reforma laboral en Argentina busca transformar el sector minero, uno de los pilares económicos del país. Con medidas como la flexibilización de jornadas, extensión del período de prueba, pago en divisas, fondos de cese y limitaciones al derecho de huelga, el objetivo es atraer inversiones bajo el RIGI y consolidar más de 100.000 empleos, con un impacto clave en provincias mineras como Santa Cruz en la Patagonia.