La tensión entre el sector industrial y las grandes operadoras mineras ha escalado a niveles críticos. A pesar de la implementación del RIGI, la decisión de empresas como Vicuña y Rio Tinto de priorizar proveedores chinos por sobre la capacidad instalada en Argentina ha desatado una ola de reclamos que amenaza con fracturar la paz social en las provincias mineras.
El costo de la sustitución de importaciones
El conflicto se centra en la pérdida del efecto multiplicador en la economía local. Mientras las mineras justifican las compras en el exterior por menores costos operativos, los industriales advierten que esta estrategia vacía de contenido el desarrollo regional:
- Vicuña (San Juan): La adjudicación de campamentos a PowerChina por USD 52 millones desplazó a la oferta local de Modular Homes, generando una brecha de USD 18 millones.
- Rincón (Salta): La importación de estructuras metálicas y galpones desde China ha dejado fuera de juego a la industria metalúrgica nacional.
- Impacto económico: La compra externa implica que el empleo, los impuestos y la transferencia tecnológica se fugan hacia el país de origen de los bienes, dejando en Argentina solo tareas básicas de montaje.
Presión electoral y promesas incumplidas
Con la proximidad de los comicios, el silencio del Gobierno Nacional frente a estos reclamos se ha vuelto insostenible para los gobernadores, quienes ven cómo sus promesas de empleo genuino se diluyen frente a la política de compras de las mineras. El sector industrial sostiene que los análisis de costos de las empresas incluyen, sistemáticamente, el pago de multas por incumplimiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), priorizando la rentabilidad financiera sobre el desarrollo estratégico del país.