La decisión del Gobierno de Río Negro de paralizar de forma preventiva y parcial el proyecto de oro y plata Calcatreu, operado por la empresa Patagonia Gold, ha generado un fuerte impacto en el sector minero de la región. La medida fue tomada tras detectarse el incumplimiento de la Ley provincial 5.804 (conocida como Ley 80/20), que exige que al menos el 80% de la mano de obra contratada corresponda a residentes de la provincia.
Un precedente que sacude al sector
El caso de Calcatreu es emblemático: se trata de la primera mina metalífera en entrar en producción en Río Negro, presentada por la gestión de Alberto Weretilneck como la punta de lanza de una cartera que supera los 60 proyectos. La suspensión, ejecutada por la Secretaría de Trabajo provincial el pasado 19 de agosto, se produjo poco después de que el yacimiento realizara su primer despacho de doré, lo que demuestra que la rigurosidad estatal no se detiene ante el inicio de las operaciones comerciales.
Los detalles del incumplimiento laboral
Según las inspecciones oficiales, el nivel de empleo local en la dotación directa de la mina había descendido al 70%, por debajo del 78% registrado apenas dos meses antes, cuando el proyecto contaba con 219 trabajadores directos y 210 indirectos. Entre los principales puntos señalados por las autoridades se encuentran:
- Incumplimiento del esquema de contratación 80/20.
- Falta de ejecución de los programas de capacitación comprometidos con las comunidades locales.
- Deficiencias en los mecanismos de búsqueda laboral y en aspectos de seguridad e higiene.
Impacto y repercusión en el escenario nacional
El freno a Calcatreu abre un interrogante crucial para otras provincias con marcos regulatorios similares, como San Juan, que recientemente sancionó una ley idéntica para priorizar la mano de obra local de cara a las millonarias inversiones proyectadas en cobre. Las operadoras mineras miran con atención la rigurosidad con la que los Estados provinciales comenzarán a aplicar estas normativas en un contexto de alta demanda de personal calificado. Mientras tanto, el sector privado se mantiene expectante ante un inminente pronunciamiento de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).