La tercera etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO III) ha colocado al proceso ambiental de Mendoza ante un desafío logístico y metodológico inédito. Con un paquete que reúne 71 proyectos de exploración metalífera, esta fase supera holgadamente a las dos instancias previas juntas (que sumaron 34 y 27 iniciativas, respectivamente), tensionando los mecanismos de control del Estado y los criterios de evaluación vigentes.
Discrepancia de criterios: Gabinete versus Territorio
El salto de escala expuso una grieta conceptual entre el equipo auditor de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la UNCUYO y la empresa estatal Impulsa Mendoza Sostenible S.A.. El núcleo de la controversia radica en la metodología de los informes presentados:
- La postura de la FCAI: Califica de “técnicamente inaceptables” múltiples informes por basarse casi exclusivamente en datos de gabinete, demandando una validación exhaustiva en territorio antes de otorgar las autorizaciones.
- La postura de Impulsa Mendoza: Sostiene que las exigencias de la universidad exceden los requerimientos del Decreto 820/06 para la etapa de exploración inicial, proponiendo un esquema de evaluación progresiva a medida que avancen las tareas de campo.
El reto de los impactos acumulativos
Otro de los focos de conflicto es la evaluación individual de los proyectos. La auditoría académica advierte que analizar cada iniciativa de manera aislada impide dimensionar el impacto ambiental acumulativo de decenas de exploraciones simultáneas sobre el territorio. Variables críticas como la emisión de polvo, el tránsito pesado y el ruido fueron calculadas caso por caso, omitiendo la capacidad de carga real de la zona de Malargüe. La respuesta final de Impulsa Mendoza para intentar subsanar estas observaciones técnicas ya supera las 1.500 páginas, reflejando la complejidad de un expediente que marcará el futuro de la minería en la región.