La puesta en marcha de la ley de desarrollo de proveedores locales en San Juan abre un complejo escenario de debate técnico y jurídico en el sector minero. La normativa, que mantiene sus 32 artículos originales tras su paso por la Legislatura provincial, enfrenta severos cuestionamientos sobre su reglamentación y el riesgo latente de ser declarada inconstitucional si se interpreta como una imposición de cupos obligatorios.
Incentivos fiscales vs. Obligatoriedad
El espíritu original del proyecto no establece una carga impositiva o regulatoria forzosa, sino un esquema de adhesión voluntaria. Las empresas que decidan sumarse podrán acceder a beneficios impositivos específicos, condicionados al cumplimiento de metas de contratación local:
- 80% de mano de obra local en la nómina de trabajadores del proyecto.
- 60% de contratación de proveedores locales para la cadena de valor.
- Crédito fiscal contemplado en el artículo 25° como principal incentivo económico.
El conflicto surge porque diversos sectores de proveedores locales interpretan la norma como un régimen de cupos obligatorios. Bajo esa premisa de obligatoriedad, la ley colisionaría con el marco jurídico nacional, tornándose ilegal e inconstitucional.
El factor RIGI y la estabilidad fiscal
La viabilidad de esta normativa provincial se cruza directamente con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Desde el Ejecutivo de San Juan argumentan que la adhesión al RIGI no implicó ceder el poder de policía minero, limitándose únicamente a tres compromisos clave:
- No crear nuevos gravámenes sobre los proyectos adheridos.
- Garantizar la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria por 30 años.
- No dictar normas locales que limiten o desvirtúen los beneficios del régimen nacional.
Dado que los grandes proyectos mineros en etapa de prefactibilidad y factibilidad económica no contemplaban originalmente estos incentivos, no existe una urgencia operativa para que las multinacionales se adhieran de inmediato al nuevo régimen de promoción local, lo que podría dilatar el impacto real de la ley en el corto plazo.