El nuevo esquema cambiario de 2026, con bandas móviles y sin cepo, presenta al dólar en valores estables al 12 de febrero. Esta estabilidad es clave para atraer y consolidar inversiones en los sectores de minería y energía en la Patagonia, especialmente en Santa Cruz, donde la predictibilidad cambiaria es fundamental para el desarrollo de grandes proyectos.

El nuevo esquema cambiario argentino, con bandas móviles y sin cepo para personas físicas, impacta directamente en las finanzas de la Patagonia. Las cotizaciones de este jueves 12 de febrero de 2026, con el Dólar Oficial a $1.420 y el Blue a $1.435, marcan un escenario clave para la minería y la energía regional. La mayor libertad para acceder a dólares y la eliminación de recargos buscan fomentar la inversión y la predictibilidad, aunque la indexación por inflación presenta desafíos para la competitividad de las exportaciones patagónicas.

Mientras América Latina celebra el auge de las commodities, Argentina se debate entre alta inflación, recesión y conflictos, desincentivando inversiones en sectores clave como minería y energía, y manteniendo a sus mercados financieros en el pantano.

Una joven fue brutalmente atacada y ahorcada mientras entrenaba en Caleta Olivia, Santa Cruz. El incidente generó conmoción y una fuerte demanda de mayor seguridad en la comunidad patagónica.

El Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) declaró alerta y movilización por la falta de pago de operadoras a empresas de servicios, afectando salarios de trabajadores. El gremio dio un ultimátum hasta las 20:00 horas, amenazando con medidas de fuerza. El conflicto se vincula con la entrada de nuevas operadoras que reemplazaron a YPF y buscaron reducir tarifas.

El Sindicato Petrolero de Santa Cruz (SIPGER) declaró el estado de alerta y movilización por el incumplimiento de pago de facturas de operadoras a empresas de servicios, lo que afecta los salarios de los trabajadores. El gremio exige la regularización de las deudas antes de las 20:00 horas, bajo amenaza de iniciar medidas de fuerza. La situación se vincula al traspaso de 10 áreas petroleras que YPF dejó de operar a nuevas concesionarias, las cuales habrían solicitado importantes reducciones de tarifas a las contratistas.