La judicialización ambiental se ha consolidado nuevamente como uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de proyectos mineros en Chile. En las últimas semanas, una serie de iniciativas de gran envergadura en el norte del país quedaron bajo la lupa de la justicia debido a reclamaciones, solicitudes de paralización y demandas por daño ambiental que amenazan con alterar los cronogramas de inversión y la aprobación de permisos clave.
El conflicto en el Salar de Atacama
El escenario más complejo se concentra actualmente en el Salar de Atacama. Las comunidades atacameñas de Peine y Toconao han impugnado formalmente la aprobación del proyecto Planta de Producción de Sales de Potasio de la firma SLM NX Uno de Peine. La disputa escaló hasta el Primer Tribunal Ambiental, luego de que el Comité de Ministros otorgara luz verde a la iniciativa.
Las comunidades locales exigen que el tribunal deje sin efecto la resolución favorable y mantenga el rechazo inicial del proyecto. Para ello, han solicitado una medida cautelar de suspensión inmediata de las obras. El conflicto técnico y ambiental gira en torno a tres ejes fundamentales:
- La modelación hidrogeológica del Salar de Atacama.
- El impacto potencial sobre el sensible sistema lagunar de Soncor.
- El riesgo de subsidencia y la efectividad del Plan de Alerta Temprana para un proyecto diseñado para producir 200.000 toneladas anuales de cloruro de potasio durante una vida útil de 20 años.
Lundin Mining bajo la lupa en Tierra Amarilla
Paralelamente, la provincia de Atacama enfrenta otro foco de alta tensión legal que afecta directamente a gigantes de la industria como Lundin Mining, junto a la Compañía Contractual Minera Candelaria y la Compañía Contractual Minera Ojos del Salado. Habitantes de la comuna de Tierra Amarilla han presentado demandas por presunto daño ambiental vinculadas a la operación de depósitos de residuos y acopios de material estéril.
Este nuevo frente judicial para Lundin reactiva las alarmas en el sector corporativo, que observa con preocupación cómo las decisiones de los tribunales especializados chilenos podrían sentar precedentes restrictivos para futuros desarrollos de salmueras y minería metalífera en todo el cono sur.